Por Liliana Becerril Rojas
En recientes fechas, los encabezados de periódicos y noticiarios hablan sobre las reacciones violentas de comunidades pequeñas en las que los forasteros son vistos con desconfianza y, al menor indicio de inseguridad, se hacen sonar las campanas para que el pueblo completo someta violentamente a la o las personas que consideran una amenaza para la paz del lugar.
A veces, las señales son mal leídas por los pobladores y la víctimas del linchamiento no son culpables de los delitos que les imputan, pero en otros casos, sí son responsables que de cometer actos ilícitos que daña la seguridad pública y, pese a tener instituciones creadas para conocer, juzgar y sancionar las conductas delictivas en detrimento de la ciudadanía, los actos de corrupción o la falta de capacitación por parte de las autoridades devuelven la libertad a quienes, positivamente, volverán delinquir y ahora con más saña como represalia por las denuncias levantadas en su contra. Son prácticas consuetudinarias que generan en las personas una sensación de indefensión que conduce a las víctimas a tomar acciones definitivas.
Acabar con el problema es una acción conjunta entre Estado y Sociedad Civil. Pero es indispensable contar con instituciones confiables, transparentes y justas para que exista credibilidad ante los ojos de las personas que ya han visto y vivido muchos delitos. Son problemas sociales que necesitan atenderse de fondo.
En esta administración se han visto programas de asistencia social con vastos recursos, se otorgan a ciudadanos y familias de escasos recursos, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida, sin embargo, los índices de inseguridad a nivel nacional alcanzan niveles preocupantes y tiene sentido plantear la interrogante ¿Si no es un tema de pobreza cuál es la problemática de las personas que delinquen? Se trata de un problema de fondo, de raíces, que requiere ser analizado para generar las condiciones necesarias e idóneas para que las personas, las familias y la sociedad en general, tenga lo que requiere: romper con el círculo vicioso y burocrático que retrasa las acciones que podrían ser una solución adecuada para cada situación, promover la cultura de la denuncia y responder a tales demandas. Se requiere de una respuesta positiva y contundente por parte de las autoridades, apegada a Derecho, que siga el Debido Proceso, porque las personas no denuncian por el miedo a padecer las represalias que pueden atentar contra su integridad física y la de sus seres amados. Terminar con la sensación de indefensión que experimenta el ciudadano.
La violencia genera violencia. La falta de respuesta y la indiferencia por parte de los funcionarios públicos, es una forma de violencia que va mermando la confianza en las instituciones, en las autoridades y en el sistema de impartición de justicia. Por eso, las poblaciones que se sienten violentadas, se unen para castigar lo que parece no ser importante para quienes deben responder a las demandas de justicia, seguridad y bienestar.
El linchamiento es un síntoma que debe analizarse para poder combatirse. Es un termómetro social que demuestra el ánimo de la población con respecto a la comisión de delitos y a la actuación de las autoridades. Es un tema de seguridad nacional que requiere una atención especial. #TlaxcalaesMásGrandedeloqueCrees
